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La revisión de la directiva de información no financiera

>> 30 de Septiembre

La revisión de la directiva de información no financiera sigue su proceso y se espera que en el último trimestre de 2020 la Comisión adopte alguna propuesta de reglamento.

Ya han pasado más de cinco años desde la aprobación en octubre de 2014 de la Directiva 2014/95 sobre Información no financiera y diversidad. Aunque supuso un hito para el avance en materia de transparencia sobre los impactos sobre los aspectos no financieros de las empresas europeas, la realidad es que desde sus inicios se ha demostrado poco útil ya que los informes no financieros no permiten comprender las repercusiones, ni los riesgos ni los planes de acción de las empresas en materia de derechos humanos, derechos laborales, el medioambiente y corrupción.

En diciembre de 2019, con la comunicación sobre el Pacto Verde Europeo, la Comisión se comprometió con una revisión de la directiva en 2020. Así, en febrero de 2020 se lanza la revisión de la directiva abriendo una consulta pública que finalizó el 11 de junio. El objetivo de esta consulta ha sido recabar diferentes opiniones con vistas a revisar las disposiciones de la directiva. Se espera que en el último trimestre de 2020 la Comisión adopte alguna decisión con alguna propuesta de regulación.

Mientras tanto ECCJ ha publicado el estudio Moving Forward with the EU Non-Financial Reporting Directive: Enforcement & Review, sobre la aplicación efectiva de la directiva y en el que ha participado el Observatorio de RSC.

El estudio recoge las quejas que ECCJ junto con miembros y aliados de la coalición han presentado ante diferentes autoridades nacionales contra tres empresas por no cumplir adecuadamente con su obligación de publicar un informe de debida diligencia en materia de derechos humanos acorde con los requerimientos de la directiva de información no financiera de la UE.

Pone en evidencia que el sistema actual de informes no financieros no garantiza el respecto por parte de las empresas europeas de los derechos humanos y del respeto del medioambiente en las cadenas de suministro globales. Destaca que la revisión de la directiva debe estar basada en el marco de reporte de debida diligencia de derechos humanos de los principios rectores de Naciones Unidas para que las empresas divulguen y garanticen una información adecuada para las partes interesadas. Por último, que la revisión de la directiva debe garantizar mecanismos de transparencia y divulgación de las listas de proveedores, la propiedad de las subsidiarias, con el fin de garantizar la implementación efectiva de las medidas legislativas de debida diligencia de la UE.

Por su parte en España, la transposición de la directiva de información no financiera se materializó en la Ley 11/2018 de diciembre de 2018. El Observatorio de RSC lleva desde el año 2004 analizando la calidad de la información no financiera de las empresas del IBEX, y los últimos dos años con la ley en vigor. En el estudio se constata que, por la amplia interpretación por parte de las empresas de los requisitos de la ley, que no determina una metodología clara de presentación de la información, existe una falta de uniformidad y coherencia en la presentación de datos que impide comprender cuales son los riesgos e impactos reales de las empresas en materia de sostenibilidad. A lo anterior se une la falta de mecanismos de supervisión efectiva, sistemas de sanciones y un arbitraje en la verificación por parte de organizaciones privadas en muchos casos no exentos de conflictos de interés.

Se hace evidente por tanto la necesidad de un desarrollo reglamentario que clarifique ciertos aspectos y consiga la estandarización y homogeneización en la información presentada.

En Europa conscientes de la falta de relevancia y por tanto de utilidad de la información  no financiera facilitada al amparo de la directiva, han comenzado a trabajar en lo que parece será un reglamento en materia de información no financiera,  de aplicación directa para los Estados miembros. Recientemente ha culminado un proceso de consulta de la Comisión Europea que ha sido ampliamente respondido.

 

Fuente: observatoriorsc.org

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